• Medida fue solicitada contra tres funcionarios del AyA y uno del Banco Nacional
  • Contra los sospechosos restantes se solicitaron medidas cautelares diferentes

Redacción- La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó que solicitó medidas cautelares en contra de 25 personas vinculadas con el Caso Azteca.

Entre las medidas solicitadas, destaca la petición de un año de prisión preventiva para 13 de los imputados, entre los que figuran tres funcionarios del Acueductos y Alcantarillados (AyA) y uno del Banco Nacional.

Los detenidos que podrían ir un año a prisión son:

  • Montaño Mosquera
  • Camelo Méndez
  • Segura Aguilar
  • García Jr
  • López Cobo
  • Guillen Sánchez
  • Fernández Vargas
  • Espinoza Carazo
  • Ávila Cortés
  • Arias Cordero
  • Acuña Rojas
  • Araya Araya
  • Villalobos Zúñiga.

Por otra parte, contra los otros 12 funcionarios del AyA, se pidieron las medidas cautelares de suspensión del cargo, firmar una vez al mes e impedimento de salida del país.

Tendrían medidas diferentes:

  • Torres Hernández
  • Araya Ly
  • Fonseca Hernández
  • Calvo Chaves
  • Aguilar Jiménez
  • Corrales Casanova
  • Vindas Romero
  • Cordero Barrantes
  • Mora Guevara
  • Balcázar Ramírez
  • Ramírez Marín
  • Ulate Montoya

El Juzgado Penal de San José del I Circuito Judicial emitirá su resolución a la 1:30 p.m. de hoy, tras ocho días de audiencia.

Dentro de esta causa se investigan delitos de  tráfico internacional de drogas, legitimación de capitales, cohecho propio, cohecho impropio, peculado y penalidad del corruptor.

Caso

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, se investiga un presunto grupo criminal asentado en el Valle Central y en la costa pacífica del país, en apariencia dedicado a la posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas.

Se cree que la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos, para legitimar productos financieros por medio del Estado.

Para ello, se presume que funcionarios de AyA facilitaban la asignación de licitaciones a las empresas del grupo criminal, y en algunos casos propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos; a cambio, recibían un porcentaje del dinero como modo de pago.

La Fiscalía también confirmó que el grupo habría reclutado a un funcionario bancario, a efectos de que le colaborara a insertar en el sistema financiero nacional las ganancias ilícitas obtenidas.