- Se efectúan tres allanamientos en Alajuela y La Unión
Redacción – Luego de varias investigaciones y diligencias policiales, agentes destacados en la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron este martes a cuatro mujeres de 54 años, 52 años, 44 años, 39 años, además, de a un hombre de 52 años, quienes figuran como sospechosos de los delitos de Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral, Tortura, Ejercicio Ilegal de la Profesión, Malversación de Fondos, Peculado y Enriquecimiento Ilícito.
De acuerdo con el informe preliminar, la investigación inició a mediados del 2023, cuando se recibió una solicitud por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la cual se remitió una lista de requerimientos a fin de poder establecer la existencia de una posible malversación de fondos públicos por parte de una Organización sin Fines de Lucro (ONG) que recibía por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y otras instituciones de Estado.
Durante el proceso de investigación, se pudo constatar que en esta fundación, los encargados realizaban en apariencia varios delitos como Explotación Laboral debido a que sus colaboradores tenían un exceso de funciones y no recibían el dinero por concepto de salario; hacían informes con datos erróneos; realizaban malversación de fondos en la compra de bienes y viajes al exterior; y brindaban daño psicológicos a los trabajadores, así como a los pacientes.
Los agentes judiciales por medio de varias diligencias policiales de investigación, lograron identificar a estas personas como sospechosas de cometer estos delitos; por lo que al ser las 6:00 de esta mañana, se están allanando las instalaciones de esta ONG ubicadas en Desamparados de Alajuela y La Unión de Cartago, donde se pretende la detención de estas cinco personas y se pretende realizar el registro y secuestro de evidencia importante para la investigación.
Cabe indicar que, durante la acción policial participan Médicos Forenses del Departamento de Medicina Legal (DML) y Microbiólogos del Departamento de Ciencia Forense (DCF) del OIJ, para verificar el estado de salud de los pacientes.
Los detenidos serán presentados con un informe ante el Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.
