Los recursos servirán para todos aquellos que queden desempleados o con jornadas más cortas. Archivo/AMPrensa.com
  • Créditos externos permitirán reducir el costo de la deuda en un 0.8% del PIB acumulado del 2020 al 2024.

Redacción-El Consejo Económico envió una carta a la Comisión de Asuntos Hacendarios, a los jefes de fracción y a los diputados independientes de la Asamblea Legislativa, para solicitar la aprobación en el mes julio del crédito de $508 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este se contará bajo la figura del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que permitirá al Gobierno apoyar su estrategia de financiamiento del Presupuesto 2020.

“Un retraso en dicha aprobación podría impactar negativamente los tiempos de las negociaciones de un acuerdo con el FMI, y poner en entredicho las posibilidades de Costa Rica para obtener financiamiento extraordinario en medio de la pandemia”, señalaron en la carta el Presidente del Banco Central de Costa Rica (y Gobernador por Costa Rica ante el FMI), Rodrigo Cubero; la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del Consejo Económico, María del Pilar Garrido; y el ministro de Hacienda, Elian Villegas.

Costa Rica y el mundo enfrentan una de las mayores crisis económicas del último siglo, producto del impacto que ha generado el SARS COV 2. Se estima que en el 2020 la economía nacional decrecerá un 3.6%, con una recuperación parcial del 2.3% en el 2021.

El crédito de IFR citado está contenido en el Expediente No 22.018, “Autorización al Gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia Covid-19.”

El IFR contribuiría al financiamiento del Gobierno este año y representa un voto de confianza del FMI en el marco de políticas macroeconómicas y financieras del país.

El próximo 13 de julio se presentará ante los diputados un Presupuesto Extraordinario que contendrá un recorte presupuestario de al menos un 1% del PIB.