Redacción- La Defensoría de los Habitantes hace un llamado para que se retome en la corriente legislativa una nueva iniciativa de ley, que posibilite la respuesta integral, eficiente y oportuna a la epidemia del VIH, en una realidad nacional y mundial cada vez más compleja y desafiante pero también con grandes oportunidades de mejora.

Para la Defensoría, es preciso que las y los Diputados promuevan una nueva iniciativa de ley en la materia, de frente a los retos sociales y de derechos humanos del VIH/sida en nuestro país, que ofrezca una efectiva e integral respuesta a esta epidemia por parte de toda la sociedad.

Si bien se lamenta profundamente el archivo del expediente legislativo No. 19243 antes tramitado en la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, para reformar la actual Ley General del VIH/sida, esta es una nueva oportunidad para entablar un diálogo que dé como resultado la construcción de un nuevo cuerpo normativo de gran solidez técnica.

La Defensoría considera que un nuevo proyecto de ley debe incluir, entre otras cosas:

  •  Acciones contra la discriminación, garantizar la educación en derechos humanos y el acceso a la justicia, deben integrarse como estrategias prioritarias para empoderar a estas poblaciones en la defensa de sus derechos y alcanzar una sociedad inclusiva respetuosa de sus derechos.
  • Lo relativo al ejercicio y respeto de los derechos sexuales y reproductivos.
  • Promoción y protección de los derechos laborales de las personas que viven con VIH, para incidir en la situación de pobreza que afecta en diversas circunstancias a esta población.
  • Fortalecer la prevención del VIH, reforzando los esfuerzos realizados, incrementando la promoción de estilos de vida saludable y la prevención temprana para reducir la carga en la atención del VIH; visualizando la profilaxis pre-exposición (PrEp) en VIH como estrategia de prevención.
  • Fortalecer los derechos de todas las personas y, en particular de las personas con VIH; así como precisar mejor las obligaciones de todas las partes involucradas: personas e instituciones.
  • Eliminar la discriminación hacia las personas con VIH y allegados.
  • Recursos suficientes y una institucionalidad fortalecida para el efectivo cumplimiento de la norma.

De conformidad con la información estadística suministrada en octubre pasado por el proyecto Estado de la Región, se estima que en el país cada año se  diagnostican unos 700 casos nuevos.

Costa Rica fue la única nación centroamericana en la que hubo un incremento en la cantidad de casos, especialmente entre la población masculina. Se presentó un incremento de casos diagnosticados al pasar de una tasa de 0,4 en 2004 a 0,6 en 2016.