Catalina Crespo, defensora de los Habitantes. Foto: AMPrensa.com
  • Funcionaria destaca que 53 mil niños fueron víctimas de violencia

 Redacción.   Catalina Crespo Sancho, defensora de los Habitantes, rindió un informe esta tarde a los diputados e insistió en las debilidades que enfrenta el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), las cuales, se han denunciado de forma sistemática.

Pese a los múltiples esfuerzos, incluso por parte de algunos diputados de esta Asamblea, se logró que el Ministerio de Hacienda girara los recursos que por ley le corresponden al PANI, pero la gestión de los mismos debe coincidir en un remozamiento de la capacidad y la calidad de la gestión de esta entidad”, destacó.

Además, externó su preocupación por los datos de violencia, además de la que se ejerce en centros educativos.   El PANI reportó, en el 2017,  53 mil personas menores de edad víctimas de alguna forma de violencia y a setiembre del 2018, el Hospital Nacional de Niños registraba la atención de cinco niños o niñas al día por la sospecha de violencia infantil.


LEA MÁS: Patricia Vega se quedará en el PANI pese a subejecución presupuestaria, afirma el Presidente


En cuanto al abuso sexual, datos del Poder Judicial indican que este tipo de situaciones han crecido del 2004 al 2017 en un 74%, alcanzando la cantidad de 8.818 quejas y de ellas, en el 70% figuran como víctimas personas menores de edad.

“Por eso, me parece que es hora de preguntarse si una institución como el PANI, a cargo de la protección de una tercera parte de nuestra población -la más vulnerable por su condición de desarrollo- debe también asumir funciones de rectoría, en relación con el Sistema Integral de Protección de la Niñez y la Adolescencia”, destacó Crespo.

También, dijo que Defensoría recibe múltiples denuncias de todas las partes del país sobre la calidad educativa, de las personas docentes, el bullying y el maltrato dentro de los centros educativos, la discriminación, la impunidad administrativa cuando se trata de faltas que victimizan a las y los estudiantes; la deteriorada infraestructura escolar y las limitaciones para garantizar una educación inclusiva, particularmente para estudiantes con discapacidad.