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  • Presidenti y ministros firmaron el decreto 

Redacción- Este miércoles fue firmada la reforma al Decreto Ejecutivo N° 42406- MAG-MGP, que establece sanciones para las empresas que contraten extranjeros irregulares.

El presidente de la República, Carlos Alvarado y los ministros de Seguridad, Gobernación y Policía, Michael Soto, y de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, fueron quienes lo firmaron.

Este decreto entrará a regir el próximo 23 de setiembre y, a partir de ahí, las empresas de los sectores agropecuarios, agroexportadores o agroindustriales, que contraten personas extranjeras que no estén en condición regular o que no tengan en trámite su regularización, se verán expuestas a las multas.

Dichas multas están establecidas en el artículo 177 de la Ley General de Migración y Extranjería, la cual establece que oscilarán “entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337“.

Además, el decreto exige una serie de requisitos para optar por el régimen para la regularización de las personas extranjeras que laboran en estas áreas, que demuestren arraigo y que hayan ingresado al país entre enero de 2016 y enero de 2020.

Requisitos:

  • Es obligatorio presentar el formulario de solicitud, la prueba de identidad, declaración jurada sin antecedentes penales
  • Demostrar su ingreso en las fechas indicadas
  • Cancelar los trámites respectivos con un costo total de $60

“Estamos atendiendo la solicitud de mano de obra que requiere el sector productivo para que no se pierdan las cosechas, lo cual causaría pérdidas multimillonarias, y a la vez ordenando el tema migratorio, para que trabajadores que demuestren su arraigo y cumplan los requisitos exigidos puedan insertarse en la actividad laboral, en condiciones de regularidad y con amparo de sus garantías sociales”, dijo Renato Alvarado.

Al Decreto Ejecutivo N° 42406- MAG-MGP, publicado en junio pasado, y a su reforma, se suma el Decreto N° 42405-MGP-S que fortalece los controles migratorios para resguardar la salud pública ante el aumento de casos en las regiones fronterizas, publicado también en el mes de junio.

Ese instrumento permite a las autoridades migratorias rechazar, deportar o ejecutar el acto migratorio correspondiente como parte de sus controles, además de habilitar la cantidad de puestos fronterizos que se consideren necesarios.