En riesgo alimentación de 10 mil estudiantes por fuerte deuda del Estado

Deuda ronda los ¢28 mil millones

Juntas de educación no pueden pagar a proveedores
  • Hacienda afirma que necesita un presupuesto extraordinario

Redacción – Más de 10 mil estudiantes podrían dejar de percibir las comidas que reciben de los comedores escolares debido a la creciente y fuerte deuda que mantiene el Estado con las juntas de educación.

Tal y como AMPrensa.com lo informó desde el mes anterior, las deudas han sido constantes y acumulativas, lo que ocasiona que los proveedores dejen de vender comida a las juntas porque se cansaron de dar fiado.

Ese es el testimonio del contador de 85 juntas escolares, David Badilla, quien se ha mantenido en constantes luchas y reuniones con diferentes políticos y figuras influyentes.


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Para el mes de enero, el Ministerio de Hacienda no había hecho los depósitos de noviembre y diciembre. Incluso, el curso lectivo arrancó con una deficiencia en los comedores por falta de comida y recursos para pagar la planilla de las cocineras.

“La comida en los comedores escolares para más de 10 mil niños y jóvenes de Pavas, Hatillo, Puriscal en San José y en Cartago está en riesgo, debido al cambio de último momento en el sistema de compras del Ministerio de Educación Pública (MEP), que obliga a las juntas de Educación a anular los contratos ya firmados con los proveedores para este curso lectivo. Los están forzando a cambiarse al Consejo Nacional de Producción (CNP)”, denunció la diputada del Bloque Nueva República, Nidia Céspedes.

El bloque legislativo independiente que milita por Nueva República hizo suya la denuncia pública de representantes de las juntas de educación de Pavas que desde el pasado primero de febrero fueron avisados, de manera informal, que las compras de los alimentos para los comedores escolares tienen que tramitarse solo con el CNP.

El MEP no ha considerado que las escuelas no están preparadas para un cambio que implica que los alimentos se almacenen por una semana y no cada tres días, como ahora, según dice la denuncia.


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La deuda ronda los ¢28 mil millones y la versión de las autoridades es que Hacienda no tiene liquidez, por lo que deben hacer un presupuesto extraordinario para hacer los pagos este año, pues son del 2018 y no del 2019.

La cartera de Educación Pública, por su parte, afirma que se mantiene al tanto del proceso de pagos y que ya notificó al Ministerio de Hacienda. Es decir, es esta cartera la que no ha procesado los depósitos.


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